El juez federal Luis Rodríguez procesó al tesorero Claudio Lamalfa y a cuatro exdirectivos de la TV Pública y Radio y Televisión Argentina (RTA) y los embargó en 5 millones de pesos, por retirar en bolsas de manera irregular 11,4 millones de pesos en efectivo. También fue procesada una proveedora, que no era directiva de la empresa pública.

El juez Rodríguez procesó a los directivos por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Pese a que la causa judicial está caratulada como "Lufrano, Rosario, sobre incumplimiento de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, y malversación de caudales públicos", el juez no procesó a Lufrano, la presidenta de RTA, la empresa que maneja la TV Pública.

"Es que el fiscal entiende que las autoridades del directorio de RTA fueron engañadas por esos gerentes y directivos de las áreas de producción y finanzas de la empresa", dijo una fuente judicial a Clarín.

La denuncia fue presentada por Ricardo Benedetti y Jimena Castiñeira contra la titular de RTA. A esa denuncia luego se le agregó otra de la propia denunciada Lufrano.

El juez Rodríguez basó su fallo en el dictamen del fiscal Gerardo Pollicita, quien planteó que la "maniobra defraudatoria" fue desplegada entre el 26 de febrero y el 8 de marzo de este año por los funcionarios Guillermo Siaira, Ernesto Molinero, Alejandro de la Torre, Ariel Berliner y Claudio Lamalfa, con la participación de la escenógrafa Adriana Maestri.

Los cinco funcionarios de RTA y la TV Pública extrajeron 11,4 millones de pesos en efectivo de la cuenta de RTA, "por fuera de los pertinentes controles de las autoridades, en contra de las previsiones de las normas que regulan el manejo del dinero del Estado", sostuvo el fiscal Pollicita, para la puesta en marcha de la producción interna Los amores prohibidos de Belgrano, como anticipos de gastos.

El objetivo era "materializar la adquisición discrecional de diversos productos y servicios, desatendiendo la normativa regulatoria de la actividad allí desarrollada y eludiendo los mecanismos de control internos existentes en la mentada Sociedad del Estado", dijo Pollicita.

De los $11,4 millones, el fiscal planteó que se recuperaron $8,1 millones, mientras que del resto se presentaron comprobantes que "fueron realizados a priori en beneficio de los propios encausados y ajenos a la finalidad para la cual fueron gestionados".

La tipificación legal de los delitos investigados tienen penas que llegan hasta los seis años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

El juez Rodríguez sostuvo que "las reiteradas irregularidades puestas de manifiesto, no hacen más que demostrar la marginalidad con la que los funcionarios públicos cuestionados se desenvolvían, irrestrictamente y por fuera de la supervisión y aquiescencia de las autoridades de Radio y Televisión Argentina".

"Y a ello debe añadirse la elección de utilizar dinero en efectivo -en lugar de transferencias bancarias-, lo que resultó fundamental para posibilitar un empleo absolutamente discrecional del mismo, ausente de todo control y transparencia", planteó el juez Rodríguez, en el fallo al que tuvo acceso Clarín.

El único funcionario procesado y embargado que sigue cumpliendo funciones en la actualidad, como si nada hubiera ocurrido, es el tesorero Claudio Lamalfa, que fue quien retiró los 11,4 millones de la sucursal del Banco Itaú que está dentro de las instalaciones del canal estatal.

También fueron procesados y embargados Guillermo Siaira, exdirector de Administración y Finanzas; y Ernesto Molinero, exgerente de Producción, que tenían contratos con la TV Pública y presentaron sus renuncias, a pedido de Lufrano.

Además, el juez Rodríguez procesó a Alejandro de la Torre, director adjunto de Administración y Finanzas, y Ariel Berliner, subgerente de Producción, que tienen prohibido el ingreso al canal, pues tienen cargos de planta permanente, así que las autoridades prefirieron esperar a que terminen los sumarios administrativos para resolver si los echan del canal.

La sexta persona que el juez procesó es Adriana Maestri. La escenógrafa no es empleada de RTA ni de la TV Pública, pero obtuvo "indebidos beneficios" de la operación irregular, al igual que los funcionarios públicos, "provocándose como contracara de ello un perjuicio económico en las arcas públicas", sostuvo en su dictamen el fiscal Pollicita.

La escenógrafa Maestri es la única proveedora a la que se le pidió su procesamiento. Es que ella cobró a principios de marzo 1,9 millón de pesos en efectivo de manos de los funcionarios de la TV Pública, por su participación como directora de arte en la miniserie, sin concurso ni contrato. Su caso fue puesto como ejemplo por el fiscal Pollicita de las irregularidades detectadas en la empresa RTA, que está a cargo de Rosario Lufrano.

El denunciante Benedetti fue funcionario en la gestión macrista de Hernán Lombardi, cuando era coordinador de Análisis y Control de Gestión del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos. Ahora es columnista del programa que Baby Etchecopar tiene en Radio Rivadavia y secretario general de Banquemos, una agrupación muy activa de Juntos por el Cambio (JxC). Desde ese frente político, los diputados pidieron citar a Lufrano, para que la presidenta de RTA informe sobre este escándalo en el Congreso.