José Alperovich, ex legislador nacional y otrora gobernador de Tucumán fue procesado por el delito de abuso sexual simple reiterado en tres oportunidades contra la denunciante ( dos en grado de tentativa) y abuso sexual agravado por ser con acceso carnal en seis oportunidades, y consideró que los hechos había sido cometidos “mediando abuso de poder y autoridad” lo que “por sus circunstancias y tiempo de duración le ocasionaron a la víctima un sometimiento sexual ultrajante”.Además el juez en lo criminal y correccional Osvaldo Rappa en su resolución de 400 páginas, lo embargó en 2,5 millones de pesos. Se trata de su sobrina y asistente que lo acusó de hechos ocurridos entre 2017 y 2019. La causa recién pudo activarse cuando el acusado dejó el Congreso y perdió los fueros.

En la resolución, el juez Rappa consideró que lo declarado por la joven denunciante se pudo corroborar a través de distintos elementos probatorios. Marcó también que la víctima “estaba inmersa en un contexto de abuso sexual, intrafamiliar y de acoso laboral por razones de genero por parte del imputado, quien valiéndose de la posición de poder que ostentaba, violentó la integridad sexual de la denunciante en al menos nueve oportunidades, causándole un detrimento físico y psíquico”.

Sostuvo la importancia de abordar el proceso penal con perspectiva de género, en línea con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y con los compromisos internacionales asumidos por el Estado Argentino. “La violencia contra la mujer es una de las formas más extendidas de discriminación y de vulneración de derechos humanos que sucedió a lo largo de la historia. Alude a patrones de conducta socialmente naturalizados, establecidos y arraigados profundamente por años, y es recién en las últimas décadas en las que se ha tomado real dimensión de este problema que compromete la vida, la integridad psicofísica, la dignidad y la libertad de las mujeres”, resaltó.

“Juzgar con perspectiva de género, implica un esfuerzo intelectual por comprender la complejidad social, cultural y política reinante entre ambos géneros, para visualizar allí las situaciones de opresión de uno sobre otro, basadas en una relación de desigualdad”, marcó el juez, al mismo tiempo que consideró que la perspectiva de género “es importante para instruir un proceso judicial, para valorar la prueba y, en definitiva, para decidir un caso, ya que, es la única forma de lograr que las previsiones legislativas se concreten en respuestas judiciales justas, para las personas del género femenino que recurren a los tribunales a solucionar los problemas que la discriminación por el hecho de ser mujer les ha causado”.

Sostuvo entonces, en línea con lo que había planteado el Ministerio Público Fiscal en las distintas intervenciones que tuvo en la causa, que entre víctima e imputado existía una clara asimetría: “basta decir simplemente que la persona para la cual trabajaba no se trataba de un desconocido para la víctima, sino una persona pública con poder político que ostentaba en la Provincia de Tucumán luego de haber sido Gobernador durante tres periodos consecutivos, e integrante de un miembro de su familia ­aunque fuese lejano”.

“Asimismo, define al acoso psicológico, también llamado acoso moral, como el maltrato ejercido sobre una trabajadora con el objeto de desestabilizarla, aislarla, destruir su reputación, deteriorar su autoestima y disminuir su capacidad laboral. Este tipo de acoso se manifiesta a través de gestos, palabras, miradas, que atacan la dignidad y la integridad psicofísica de la persona. Son sucesos que parecen pequeños y sin importancia, pero que a través de la repetición y la sistematización se convierten en conductas violentas”, citó el juez Rappa.

“El desequilibrio de poder y la asimetría constituyen elementos básicos en la violencia laboral, pero no necesariamente siempre vinculados a niveles de jerarquía, sino también considerando otros elementos como la capacidad psicológica de influencia y manipulación y la presión de grupo ejercida contra la trabajadora. El ámbito laboral es un escenario donde se reproducen las desigualdades en la distribución de poder entre varones y mujeres generando situaciones de tensión y violencia”, repasó el juez en la resolución.

En diciembre de 2020, los fiscales Santiago Vismara, titular de la fiscalía Criminal y Correccional 10 de la Capital Federal, y Mariela Labozzetta a cargo de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (Ufem), habían formulado un pedido de indagatoria a Alperovich, y en diciembre del año pasado, reiteraron la solicitud en base a la ampliación de la acusación que hicieron contra el exsenador.

Después de tres pedidos por parte de la fiscalía para su citación, el juez lo convocó y finalmente el 20 de abril se llevó a cabo la declaración indagatoria de José Alperovich en el juzgado Criminal y correccional 35 ante el juez Osvaldo Rappa. Los fiscales Santiago Vismara y Mariana Labozzetta concluyeron en aquel pedido reiterado que se debía indagar a Alperovich porque los hechos que le imputaron “se enmarcan en un contexto de violencia sexual, intrafamiliar y acoso laboral por razones de género”.

La causa en la que se lo investiga es por presuntos hechos de abuso sexual cometidos contra su sobrina entre el 2017 y el 2019 en su despacho del Senado de la Nación y en la provincia de Tucumán.

En ese entonces, la causa se tramitó en dos jurisdicciones distintas: en el fuero criminal y correccional de la Ciudad de Buenos Aires y en la Justicia tucumana. Sin embargo, tras una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de mayo del año pasado, se resolvió que todos los hechos debían investigarse en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°35 de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo con lo planteado en su dictamen por el procurador General interino, Eduardo Casal, tras lo cual los fiscales avanzaron con medidas e insistiendo en la indagatoria del exfuncionario.