Organizaciones sociales de izquierda vuelven a marchar este martes a la puerta del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que encabeza Victoria Tolosa Paz, en reclamo de los haberes de noviembre del Plan Potenciar Trabajo, que no fueron acreditados al día de hoy, tras las denuncias cruzadas que involucran a funcionarios y dirigentes del Gobierno y del Frente de Todos con la asignación irregular de subsidios.

En los primeros días de diciembre (del 3 al 5 es lo habitual) debían abonarse esos planes, pero debido a una condición impuesta por el Ministerio los pagos fueron suspendidos hasta que los beneficiarios del plan completen el formulario de re-empadronamiento, que es obligatorio y se realiza a través de Mi Argentina.

Esa ventana está abierta hasta el 6 de enero de 2023 para más de un un millón 300 mil beneficiarios. Por otra parte, se informó que quienes hayan realizado el trámite pueden consultar la fecha de cobro en la ANSES.

Pero, por supuesto, las organizaciones piqueteras salieron a la calle hoy, acusando una feroz «interna» en el Gobierno, debido a la información develada en un informe de la AFIP, que apunta a organizaciones y a funcionarios por otorgar miles de subsidios a personas que declaran impuesto a las Ganancias o compran dólares.

En este último punto, la coordinadora territorial de Libres del Sur, Silvia Saravia, señaló que «no conozco a nadie que haya comprado dólares» en su organización. Aunque sí apuntó contra el Banco Nación por la apertura de cuentas de divisa extranjera a beneficiarios de planes sociales. En rigor, desde dentro como afuera del Frente de Todos apuntan a los planes que maneja el Movimiento Evita, cuyo líder, Emilio Pérsico, es a su vez secretario de Economía Social de la Nación y uno de los dirigentes piqueteros más «albertistas».

La Unidad Piquetera reclama, además, el pago de un bono de emergencia. Y que las actualizaciones sigan ancladas a los aumentos del Salario Mínimo. Por su parte, Tolosa Paz quedó apuntada por la denuncia del fiscal Marijuán, quien la responsabiliza por el pago de planes irregulares, tras la auditoría encargada por su antecesor, Juan Zabaleta, en el marco (también es cierto) de un ajuste que el Gobierno no se anima a oficializar.