La Unidad de Información Financiera (UIF), organismo antilavado que depende del Poder Ejecutivo, alegó hoy en el caso Vialidad y pidió que Cristina Kirchner sea absuelta: dijo no se probaron ni el supuesto fraude ni la asociación ilícita, los delitos que se le imputaron a la vicepresidenta, y que en 2017 la UIF debió haber abandonado este caso, en el que cumplía el rol de acusadora.

Lo mismo sostuvo la UIF respecto del exministro de Planificación Federal Julio De Vido, del exsecretario de Obras Públicas José López, del exdirector de Vialidad Nacional Nelson Periotti y de los exsubsecretarios de Obras Públicas Carlos Santiago Kirchner y Abel Fatala. Para la UIF no hay pruebas para avanza contra ninguno de ellos ni contra el empresario Lázaro Báez.

Respecto de Cristina Kirchner y los demás funcionarios nacionales, la UIF sostuvo que “las hipótesis delictivas por las que fueron llevados a debate no se acreditaron” y que fueron acusados, en realidad, de “actos políticos no justiciables”, dictados dentro del marco de la ley, cuya revisión está “completamente vedada a la Justicia”.

Para los abogados de la UIF, el único delito acreditado en esta causa es el incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos de una serie de agentes provinciales que no controlaron debidamente cómo ejecutaban las obras las empresas de Báez. Para ellos, la UIF pidió penas de un año, pero además advirtió que es probable que los hechos estén prescriptos.

Cristina Kirchner siguió el caso conectada vía Zoom desde su despacho del Senado. Fue una de las últimas en sumarse esta mañana. Sola, en la cabecera de la mesa de reuniones de su despacho del Senado y con una taza blanca en una mano. Ella está acusada de haber sido la jefa de una supuesta asociación ilícita que le permitió a Báez expandir su imperio de empresas y propiedades. La acusación sostiene que la principal compañía de Báez, Austral Construcciones, nació sin capacidad y pasó a facturar millones en muy poco tiempo gracias a un esquema de favores y sobreprecios diseñado desde el Poder Ejecutivo Nacional, con la participación de funcionarios nacionales y provinciales.

La UIF destinó gran parte de su exposición de esta mañana a cuestionar el trabajo de los peritos que analizaron los precios de las obras. “No contamos en este debate con conclusiones lógicas de un cuerpo de peritos”, dijo Leandro Ventura, uno de los dos abogados que representa al organismo, que afirmó que tanto los peritos oficiales como los de la fiscalía -que impulsa el avance del caso- “se basaron en una metodología desaconsejada” por la bibliografía en la materia y no pudieron despejar las “dudas”.

“Un acusador publico o privado -afirmó Ventura- debe derribar el principio de inocencia con prueba que demuestre la responsabilidad de los acusados. No se cuenta en este debate con la certeza necesaria para sostener que hubo sobreprecios en las obras.”

El abogado agregó que “las dudas que se tenían” cuando el caso fue elevado a juicio “no fueron acreditadas en el debate” y sostuvo que “la UIF debe ser objetiva en su rol”.

Después de que Ventura sostuviera que no se probaron los principales delitos imputados, el otro representante de la UIF, Alejandro Irachet, sentado a su lado, comenzó su análisis sobre las acusaciones por incumplimientos en los controles de parte de los funcionarios nacionales y provinciales del área de Vialidad.

Irachet sostuvo que “solo se corroboraron incumplimientos concretos en el marco de expedientes administrativos”. De inmediato advirtió que estos hechos podrían estar prescriptos y dijo que, de ser así, no fue por culpa de la UIF. Según él, el organismo, en ninguna de sus gestiones, demoró el trámite de la causa.

Los funcionarios apuntados en este alegato, por “incumplimiento de los deberes del funcionario público” fueron Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, José Raúl Santibañez, Mauricio Collareda y Raúl Osvaldo Daruich.

Después de la UIF será el turno de alegar del fiscal Diego Luciani, que todo indica que pedirá penas de prisión para Cristina Kirchner y los funcionarios nacionales investigados en este caso. La Oficina Anticorrupción (OA), otro organismo que depende del Poder Ejecutivo, también era querellante, pero renunció y desistió de alegar.

Nueve jornadas tendrá Luciani para presentar su alegato, que comenzará el 1° de agosto, luego de la feria judicial. Después expondrán las defensas. El plan del tribunal, integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, es dictar un veredicto antes de fin de año.