La Corte Suprema de Justicia dejó firme un fallo que obliga al Estado Nacional a pagar a los dueños privados de la imprenta Ciccone, que fabrica papel moneda, una indemnización por su expropiación cercana a los 1000 millones de pesos, al confirmar la inconstitucionalidad de la ley que pretendía cubrir el pago de esa suma con la deuda fiscal que tenía la empresa.

Tras el caso Ciccone, las acciones de la firma quedaron en un 70% en poder The Old Fund, 15% en poder de Nicolás Ciccone y el otro 15% el poder de las hijas de Héctor Ciccone ya fallecido. Por lo que serían ellos quienes deberían cobrar el dinero. La incógnita es quien se presentaría por The Old Fund, gerenciada por Alejandro Vandenbrole, imputado colaborador y condenado como testaferro de Amado Boudou.

El Estado dispuso que la expropiación de Ciccone en 2013 pleno escándalo que involucraba al vicepresidente Amado Boudou con una maniobra por la que finalmente fue condenado, que consistía en tratar de apoderarse de las acciones de la imprenta a cambio de solucionar sus problemas fiscales con la AFIP.

El Congreso aprobó una ley que declaraba de utilidad pública la empresa, contemplaba la expropiación y el dinero que debía pagar el Estado a la familia Ciccone se iba a cubrir con la deuda que la compañía tuviera con la AFIP.

Para concretar esa operación la entonces presidenta Cristina Kirchner, el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina y del ministro de Economía, Hernán Lorenzino firmaron un decreto que designaba a la AFI como expropiante y se disponía que con la deuda de la AFIP se compense a la empresa.