

Fentanilo: El ministro de Salud responsabilizó al dueño del laboratorio
En el marco de la investigación por el fentanilo adulterado que provocó 96 muertes, el Ministro de Salud, Mario Lugones, responsabilizó directamente a Ariel García Furfaro, propietario del laboratorio Ramallo y del HLB Pharma Group. Lugones anunció que su ministerio se abocará a proporcionar pruebas contundentes para esclarecer todos los detalles del caso.
El funcionario confirmó la apertura de un sumario en el Instituto Nacional de Medicamentos (Iname), dependiente de la Anmat, para investigar a fondo la producción del fentanilo adulterado. El ministro acusó a García Furfaro de "negocios espurios" amparados por "cobertura política", y enfatizó la gravedad del hecho.
"Estamos ante un hecho inédito en la historia de la salud pública argentina: la investigación del fentanilo contaminado fabricado por un grupo empresarial espurio y delictivo comandado por un ex convicto", aseguró.
"Somos querellantes en la causa y el Malbrán actúa como perito, a pedido del juez. Queremos, al igual que los familiares, que esto se resuelva lo más rápido posible", declaró Lugones.
"Este grupo comenzó hace mucho con el laboratorio Apolo, con falsificación de documentos para acceder a sustancias controladas. Nosotros vinimos a poner fin a todo esto. El que las hace, las paga”, agregó.
El ministro también resaltó las fallas en el proceso de fabricación que permitieron la contaminación. "Para que dentro de la ampolla haya una bacteria, tuvo que ser fabricado en un ambiente no estéril -dijo-. Su obligación era retirar las muestras. No lo hizo, por eso tiene una denuncia penal. Espero que reciba su merecido", insistió.
El juez federal Ernesto Kreplak respondió a las críticas del Presidente Javier Milei sobre la investigación, al recordar al mandatario su "obligación constitucional de abstenerse de interferir en una causa penal en curso". Kreplak subrayó la necesidad de mantener la imparcialidad del proceso judicial y defendió la integridad de la investigación.
El cruce surgió después de que Milei cuestionara la actuación judicial y estatal, al aludir a un potencial conflicto de intereses debido a la relación familiar del juez con el Ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak.