Nunca la realización de un censo de población y vivienda había provocado tan graves disturbios como en Bolivia. Todo porque la distribución de recursos y la asignación de escaños parlamentarios para las próximas elecciones generales de 2025 depende de los datos resultantes de ese censo y de su aplicación.

El Gobierno boliviano ha fijado el 23 de marzo de 2024 como fecha para realizar este censo. Sin embargo, la consulta va con retraso porque inicialmente estaba prevista para este mismo mes de noviembre, en cumplimiento de las leyes del país que establecen que debe realizarse uno cada diez años, y el último censo data de 2012.

Con esta decisión el presidente, el izquierdista Luis Arce del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) ha abierto la caja de los truenos porque la región de Santa Cruz, motor económico del país, lleva más de un mes en situación de huelga indefinida, porque exige la realización del censo en 2023, y que sus resultados se apliquen antes del próximo ciclo electoral, como explica este manifestante.

"Sabemos muy bien que el censo tiene que ser ya para el 2023, los resultados tienen que salir en los primeros meses de 2024, y la retribución de recursos económicos y la distribución de escaños tiene que ser a más tardar antes de las elecciones, antes del calendario electoralista de 2024", explica Harry Cabrera.

El enfrentamiento entre Santa Cruz, al que se han sumado representantes políticos de otras ocho regiones del país, y el Gobierno central llega este lunes al Parlamento boliviano que debatirá los proyectos de ley, tanto los presentados por la mayoría gubernamental como los promovidos por la oposición, para plasmar en una norma nacional la fecha concreta y el alcance de los datos del censo.

Si hay un resultado satisfactorio, Santa Cruz podría suspender sus movilizaciones.