Luego de que el Poder Ejecutivo convocara ayer a sesiones extraordinarias en el Congreso hasta el 28 de febrero, el oficialismo en la Cámara de Diputados formalizó esta mañana la presentación del pedido de juicio político a la Corte Suprema. En la iniciativa, los legisladores del Frente de Todos piden que se cite a los cuatro jueces del máximo tribunal: Horacio Rosatti –su presidente-, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

Era una medida que se sabía que podrían promover, pero no lo presentan como una posibilidad una vez avanzado el proceso, sino que lo piden como el resto de las medidas a tomar, lo que siguiere que podrían intentarlo tan pronto empiece el proceso. De ser citados, los jueces de la Corte no están obligados a asistir.

En el pedido de juicio político, el Frente de Todos solicita también la citación a la Comisión de Juicio Político de al menos 50 testigos, entre los que se cuentan Silvio Robles, vocero y mano derecha de Rosatti, y Marcelo D’Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. El oficialismo procurará demostrar, a partir de mensajes filtrados de manera ilegal, que hay connivencia política entre la Corte Suprema y el gobierno porteño.

La convocatoria a la comisión será por demás amplia. Según el texto del pedido de juicio político, también se busca citar a prestar declaración a Héctor Marchi, administrador general de la Corte Suprema, y a los integrantes de la vocalía del presidente de la Corte. Además, el documento pide que se convoque a los gobernadores que suscribieron, junto al presidente Alberto Fernández, el pedido de enjuiciamiento a la Corte Suprema, como así también al procurador del Tesoro, Carlos Zannini, y al ministro del Interior, Eduardo De Pedro, entre otros.

Asimismo, sostiene que deben ser citados “todos los directores, secretarios, funcionarios y/o empleados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que hayan tenido intervención y/o pudieran aportar datos de interés respecto de los hechos denunciados”.

El pedido de juicio político, encabezado por el diputado Eduardo Valdés y suscripto por una docena de legisladores del Frente de Todos, no solo incluye las acusaciones contra la Corte que anticipó el presidente Alberto Fernández; además, se agregan nuevas denuncias a ser investigadas, entre ellas, una sobre el manejo de la obra social del Poder Judicial, un área que estuvo bajo la órbita de Maqueda. También se incorporó como nueva acusación el fallo “Muiña” por el cual los jueces de la Corte dispusieron que en casos en los que se juzgan crímenes de lesa humanidad resulta aplicable la ley conocida como “2 por 1″.

El pedido de juicio político incluye además un capítulo de prueba “documental” en el que solicita, sobre todo, que la comisión se haga de los fallos de la Corte y las acordadas en las que basa su acusación contra los jueces, y uno de prueba “informativa”, que en su séptimo punto incluye un pedido que todo indica que generará polémica: pide que “se le de intervención a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) y/o organismo que se entienda competente, en los términos que la Comisión lo considere pertinente, para establecer llamadas entrantes y salientes de las líneas telefónicas que resulten relevantes a los efectos de la investigación, como así también para informar entrecruzamientos de llamadas, y toda medida de similar naturaleza que aparezca conducente para el esclarecimiento de los hechos”.

Los legisladores que firman el proyecto piden que se cite “a la Comisión de Juicio Político a los Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación” y dicen que se haga “sin perjuicio de la facultad contemplada en el art. 13 del Reglamento Interno”. Ese artículo prevé que “reunidas las actuaciones sumariales se citará al denunciado a fin de que, si así lo considera, informe a la Comisión, sobre los cargos formulados” y que “también podrá el denunciado presentar un informe escrito”. Sostiene además que “la incomparecencia o inacción del denunciado no constituirá impedimento para la prosecución de las actuaciones”.

El proyecto de los legisladores mantiene las acusaciones presentadas por el presidente Fernández y los 11 gobernadores que suscribieron el pedido original de enjuiciamiento. El primer mandatario apuntó contra los cuatro jueces de la Corte por dos fallos claves: el que dispuso reasignar fondos de la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires y la decisión de declarar inconstitucional la ley del Consejo de la Magistratura sancionada en 2006 para luego reflotar la ley orgánica anterior, que había sido derogada por el Congreso. Según denunció Fernández, la Corte Suprema violentó la división de poderes al interferir en las atribuciones de los poderes Ejecutivo y Legislativo, causales a su juicio de mal desempeño en sus funciones.