La Libertad Avanza consiguió dictamen de mayoría para el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional en un plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados.

La iniciativa reunió 60 firmas sobre 104 legisladores presentes, con el respaldo del PRO, la UCR y otros sectores aliados, mientras que Unión por la Patria presentó un dictamen de minoría y el Frente de Izquierda rechazó la propuesta. El Gobierno buscará llevar el proyecto al recinto el 12 de noviembre.

El plenario fue encabezado por los libertarios Carlos Zapata, Laura Rodríguez Machado y Juliana Santillán, titulares de las respectivas comisiones. Las firmas del dictamen oficialista correspondieron a La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, un sector de Provincias Unidas, Adelante Buenos Aires y Argentina Federal, que acompañó con disidencia parcial.

El peronismo reunió 38 firmas para su dictamen de minoría. Además, hubo otro dictamen con cuatro firmas de Provincias Unidas y uno de rechazo presentado por Myriam Bregman, del Frente de Izquierda.

Uno de los principales ejes del proyecto es la creación de un régimen de sanciones para la explotación no autorizada de recursos naturales vinculados con las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.

El texto contempla penas de prisión, multas calculadas en barriles de petróleo e inhabilitaciones para distintas conductas relacionadas con la explotación de esos recursos sin autorización argentina.

También establece consecuencias económicas para las personas y empresas sancionadas, que podrían quedar impedidas de desarrollar determinadas actividades en el país, contratar con el Estado o acceder a beneficios fiscales y previsionales.

La iniciativa incluye, además, modificaciones en la estructura de seguridad nacional y en distintos aspectos de la legislación de inteligencia.

El debate estuvo marcado por las críticas de Unión por la Patria, cuyos integrantes cuestionaron el procedimiento y el contenido de la iniciativa.

“Es un dictamen entre gallos y medianoche”, afirmó la diputada Agustina Propato. “No sabemos qué dictamen se está firmando. Hay obscenos abusos de poder y lo vamos a rechazar”, agregó.

En la misma línea, Juan Marino cuestionó que el oficialismo avanzara sin entregar el texto a los legisladores. “No tenemos el dictamen del oficialismo y se está dictaminando”, sostuvo, y pidió la renuncia del canciller Pablo Quirno.

Por su parte, Juan Grabois interrogó al titular del plenario, Carlos Zapata, sobre las modificaciones incorporadas al proyecto: “¿Los norteamericanos le pidieron modificaciones?”. “No le puedo contestar”, respondió el legislador libertario.

El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, reclamó que se tuvieran en cuenta las propuestas de su bancada.

Desde el Frente de Izquierda, Myriam Bregman cuestionó que la oposición se enterara por los medios sobre la firma de los dictámenes. “Siempre nos enteramos por la prensa la firma de los dictámenes”, afirmó.

En tanto, el socialista Esteban Paulón anunció que su espacio presentó un dictamen de minoría y calificó como “invotable” la propuesta del oficialismo.

La defensa del proyecto estuvo a cargo de legisladores libertarios, entre ellos Federico Pelli, Laura Rodríguez Machado y Damián Arabia.

Antes del plenario, y a propuesta de la diputada Karina Banfi, de Adelante Buenos Aires, participaron representantes de la Fundación Poder Ciudadano, encabezados por Martín D’Alessandro.

La diputada libertaria Silvana Giudici encabezó las negociaciones con los sectores aliados para introducir modificaciones al texto. Entre los cambios se incorporaron precisiones sobre las funciones del Consejo de Seguridad y mecanismos de control parlamentario.

A partir de un planteo del MID, el dictamen establece una prohibición expresa para que el Consejo intervenga en cuestiones de seguridad interior, con excepciones operativas vinculadas con infraestructuras críticas y protección marítima.

También habilita la convocatoria de autoridades legislativas, provinciales y del Ministerio de Seguridad Interior, e incorpora la participación del presidente de la Cámara de Diputados y del presidente provisional del Senado. De esta manera, no incluye al titular de la Cámara alta, cargo que ocupa Victoria Villarruel, quien incrementó sus críticas a la gestión presidencial.

Otro de los cambios se refiere al control parlamentario de las decisiones del Consejo. La Comisión Bicameral deberá ser informada en un plazo de 48 horas sobre sanciones, medidas urgentes y decisiones de inversión. Además, se prevé un control posterior de las medidas que impidan vuelos o contemplen hundimientos.

El organismo estará integrado por cuatro senadores y cuatro diputados, con deber de secreto y acceso limitado a la información.

El proyecto también introduce cambios en la figura penal vinculada con la denominada “desinformación masiva”.

El texto reemplaza la referencia expresa a “campañas coordinadas de desinformación masiva” por la figura de “campaña de injerencia extranjera”. Esta última se define a partir de actuaciones planificadas, sistemáticas o sostenidas, de carácter clandestino, engañoso, coercitivo o ilícito, que oculten el vínculo extranjero.

La modificación exige que exista conocimiento de la relación con un agente extranjero y excluye expresamente la actividad diplomática, el periodismo, la investigación académica y la representación abierta de intereses.

Sin embargo, se mantiene la pena general de cinco a 12 años de prisión. Entre los aspectos que todavía generan interrogantes figuran la precisión de la figura penal, su impacto sobre la libertad de expresión y los requisitos para probar la intención y el vínculo extranjero.

Las modificaciones al proyecto se produjeron después de las reuniones que mantuvieron el presidente Javier Milei y el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, el último viernes en la Casa Rosada. Durante esos encuentros, la administración estadounidense advirtió sobre las posibles consecuencias de las sanciones previstas en el primer capítulo para empresas de ese país.

Ese apartado apunta contra compañías vinculadas con el proyecto de explotación hidrocarburífera Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas e impulsado por la británica Rockhopper y la israelí Navitas. También alcanza a empresas asociadas con ellas en otros emprendimientos.

El vocero presidencial confirmó durante el fin de semana que hubo una reunión para avanzar con el proyecto en la Casa Rosada, encabezada por la secretaria Legal y Técnica y con la participación de diputados nacionales.

“Se realizó una reunión de avance del proyecto de ley de Defensa de Soberanía nacional en Casa Rosada, liderada por la secretaria Legal y Técnica, con diputados nacionales donde recibimos aportes del Pro, del MID e incluso del PJ”, señaló.

Luego, agregó: “La ley de Defensa de la Soberanía es prioridad para este Gobierno porque la causa Malvinas como ya ha dicho el Presidente es una causa sagrada para los argentinos y ningún otro Gobierno ha hecho más que este para defender lo que es nuestro”.

Entre los cambios en discusión figura una delimitación del alcance de las sanciones para otras empresas que sean operadoras directas, licenciatarias, proveedoras o accionistas de proyectos considerados ilegales por el Gobierno argentino.

De esta manera, el oficialismo incorporó planteos de la administración estadounidense en el marco de las negociaciones, en las que también tuvo un papel relevante el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas.