n una conferencia de prensa de algo más de una hora, y con el objetivo declarado de dar batalla y “derrotar” al narcotráfico, hoy con epicentro en la ciudad de Rosario, dos ministros nacionales anunciaron hoy que el Gobierno enviará al Congreso un proyecto para modificar la Ley de Seguridad Interior con el objetivo de que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en situaciones que sean consideradas como actos de terrorismo. Los ministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis Petri (Defensa) anunciaron también el envío de otros cuatro proyectos, que entre otras medidas establecen penas de prisión para piqueteros que organicen manifestaciones y consigan, mediante “extorsión”, la presencia de manifestantes en esas marchas.

“Estamos modificando la ley de Seguridad Interior para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir y realizar operaciones para devolverle la paz a los rosarinos en el supuesto de terrorismo”, indicó Petri en el inicio de la conferencia, junto a Bullrich. El ministro de Defensa anunció que el proyecto modifica el artículo 27 de la ley, que hasta ahora autoriza la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo logístico, como “arsenales, intendencia, sanidad, veterinaria, construcciones y transporte, así como de elementos de ingenieros y comunicaciones”. La decisión llega días después de la indignación pública por una nueva ola de violencia narco que provocó la muerte violenta de cuatro personas en Rosario.

“Estamos convencidos de que la batalla de los narcos se puede ganar con el Estado”, enfatizó el ministro, y especificó que, de conseguirse la aprobación en el Congreso, “las FF. AA. quedarán habilitadas a patrullar, controlar a las personas y vehículos, realizar tareas de prevención de delitos y aprehender en flagrancia “dando intervención inmediata a la Justicia”, explicó el ministro de Defensa.

Atento a las críticas de quienes ven un riesgo en permitir la participación de las Fuerzas Armadas, Petri dejó en claro que “no se usarán para delitos comunes, sino en actos de terrorismo y con anuencia del gobernador en cuestión”, aclaró Petri, quien también prometió “mayores recursos” para los “dos o tres mil” miembros de las Fuerzas Armadas que sean, en un futuro, destinados al combate directo contra el narcotráfico.

A su turno, la ministra de Seguridad defendió la medida. “No hay plan B, la sociedad no tiene plan B cuando le destruyen su propiedad y su vida. No puede haber un diputado o un senador que no entienda la realidad que estamos pasando, creemos que el Congreso nos va a acompañar”, dijo Bullrich, y agregó que “todos los países utilizan a sus Fuerzas Armadas el combate contra el terrorismo”, cuando la consultaron sobre un eventual fracaso de la iniciativa en su tratamiento parlamentario.

Para completar el anuncio, la ministra de Seguridad detalló otros proyectos, como la modificación de la ley de legítima defensa, el ADN para delitos, las penas para organizadores de bloqueos y piquetes y la denominada ley anti-mafia.

En relación a este último proyecto, Bullrich dio como antecedentes las leyes anti-mafia en Italia y Estados Unidos, y afirmó que “apuntará a aquellos que participan de una determinada organización y son parte de distintos tipos de delitos encadenados, para el objetivo que tiene esa organización criminal”, dijo. “Todos esos que participan de esa cadena son considerados miembros de esa organización y van a tener una pena por pertenecer a ese clan”, detalló Bullrich.

“Este tipo de organizaciones tienen en vilo una zona, un barrio, y donde ya no rige la Constitución ni el Código Penal, sino que rige la ley narco”, dijo la ministra, siempre con las bandas narco como objetivo.

La ministra dijo que van a “utilizar un modelo superador para este tipo de hechos”. Y detalló medidas adicionales, como la detención por averiguación de ilícitos (como ya lo está haciendo Santa Fe a través de una ley especial; la colocación de retenes, incautar mercadería, hacer rastrillajes y allanamientos encadenados. “La pena más grave que le corresponda a quien cometió el hecho se va a aplicar a todos los miembros de la organización”, destacó Bullrich. Si no se trata de una pena máxima el delito será de entre 8 y 12 años.

La funcionaria nacional habló además sobre la “reiterancia”, otro proyecto de modificación del Código Penal que evitaría la excarcelación para los no condenados. “Lo agarran por un delito y no tiene condena y así sucesivamente. Acá sumamos la figura de la reiterancia que ya estaba en Mendoza hace mucho tiempo. Reiteras el delito y vas preso”, enfatizó Bullrich, y aseguró que con esto “cortamos la impunidad que siente la gente del barrio cuando les roban y vuelven a robar”.

En relación al registro de ADN, que actualmente, rige para delitos sexuales, Bullrich afirmó que “ahora, cada una de las personas que entre a una cárcel, a una dependencia policial, con una imputación va a tener que someterse a una prueba de ADN que va a quedar en un sistema donado por el FBI, donde se almacena y van a dejar sus huellas genéticas”, explicó, y dijo que sirve no solo para imputar, sino además para desvincular a un inocente de un hecho. El sistema permite también el aporte voluntario de allegados de personas buscadas.

En referencia a la reforma del artículo 194 del Código Penal, que prevé aumento de penas para quienes organicen manifestaciones, instiguen cortes de calles u obliguen a la gente a participar de las marchas. “No va a permitir que se explote a las personas”, dijo la ministra, y detalló que podrían ser penas de entre 4 y 6 años. También habló de la creación de un tipo penal para quienes bloqueen industrias, comercios y empresas.

Respecto de la legítima defensa y lo que denominó “el cumplimiento del deber”, Bullrich afirmó que se planteará a los legisladores un nuevo artículo para “cambiar esta idea de que los policías terminan siendo los victimarios”. “No era razonable examinar solo si la persona estaba o no armada, por eso que es que se suman nuevos elementos”, indicó la funcionaria y aseguró que no se permitirá que las familias de los delincuentes querellen contra el Estado nacional en caso de fallecimiento de quien cometió delitos. “Le estamos dando derechos después de haber cometido un delito contra la sociedad”, agregó la ministra.

También presentó la modificación del artículo 34 del Código Penal, para evitar agresiones contra el personal policial y fuerzas de seguridad. “Hoy, le pegan con una piedra a un policía y es como si nada. Bien, esto se termina. A partir de ahora se plantearán penas más concretas con quienes atenten contra la autoridad porque en cada manifestación tenemos entre cinco y seis heridos. Ahora va a pasar algo con eso”, culminó Bullrich. Desde el Ministerio de Seguridad manifestaron su “optimismo” para la aprobación legislativa, aunque el camino de esas normas recién parece estar comenzando.