El oficialismo volvió a fracasar en la estrategia para nombrar a cinco jueces federales en los tribunales de Comodoro Py donde se investigan los casos de corrupción. Iban apenas tres minutos del último Plenario del Consejo de la Magistratura -antes de que entre en parálisis- cuando Gerónimo Ustarroz, el representante del Gobierno en el organismo y hombre de Cristina Kirchner, reconoció: “No hemos llegado a ningún acuerdo. Esos concursos hoy no van a salir”.

Ustarroz propuso que esos cinco concursos -más otra decena- vuelvan a Labor y que se posterguen para más adelante, cuando haya una nueva conformación de la Magistratura. “Hicimos todos los esfuerzos para llegar al requisito exigido por la ley, pero no hemos arribado a ningún acuerdo por los concursos. Más allá de haber sido generosos con el grupo (por la oposición) que debería haber llegado a dar esos dos votos que faltaban. Nos arrimamos, estuvimos a uno, pero no llegamos”, agregó Ustarroz.

El consejero del PRO, Pablo Tonelli, lo cruzó. “No estoy de acuerdo con que los esfuerzos para arribar a consenso hayan sido tanto. Para mí faltó diálogo y conversación entre nosotros”, sostuvo y dijo que en su rol de diputado nacional estaba comprometido para avanzar en “una nueva ley” sobre la Magistratura.

El kirchnerismo buscaba ocupar, en esta última sesión del Consejo, los lugares que dejaron vacantes los jueces federales Claudio Bonadio (fallecido), Rodolfo Canicoba Corral y Sergio Torres; y los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que el kirchnerismo buscó desplazar sin éxito. Ya había intentado avanzar con las designaciones dos veces en el último mes pero no lo lograron.

Para aprobar esos concursos se necesitan nueve votos, los dos tercios de los actuales trece integrantes del organismo. El oficialismo tiene siete y nunca estuvo cerca de conseguir los dos restantes. La oposición no estaba dispuesta a entregarle al Gobierno esos puestos clave en la Justicia.

Detrás de estas maniobras estuvo siempre la mano de la vicepresidenta, principal interesada en las cuestiones judiciales. En esos lugares buscaba ubicar a jueces cercanos a los intereses del oficialismo, algo que la oposición no estaba dispuesta a validar. De hecho es en el Senado, que ella maneja, donde se terminan de aprobar las ternas de los jueces que eleva el Consejo al Presidente y luego envía el Poder Ejecutivo al Congreso.

Tras finalizar el debate de los concursos, arrancó otra dura discusión para votar un reglamento de emergencia que generó cruces entre los consejeros. Los integrantes alineados con la oposición, los abogados Diego Marías y Carlos Matterson, los jueces Juan Manuel Culotta y Ricardo Recondo y los legisladores Pablo Tonelli y Silvia Giacoppo se manifestaron en contra de aprobar esa resolución.

Pero el oficialismo lo defendió y se aprobó con siete votos, los seis propios más el de la diputada Graciela Camaño.

El reglamento de “funcionamiento mínimo”, que estaba en discusión desde hace al menos dos semanas, se armó para evitar que el Consejo entre en parálisis en el caso de que el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, no suma la presidencia a partir del 15 de abril.

El fallo del máximo tribunal que declaró inconstitucional la conformación actual del Consejo ponía esa fecha como límite y ordenaba que a partir de allí vuelva a la integración anterior de 20 miembros que deben asumir de manera “conjunta y simultanea”. Pero el escenario es complejo ya que el Senado -que maneja Cristina- y la Cámara de Diputados -que controla Sergio Massa- no propusieron a sus representantes.

Además, una cautelar del juez federal de Paraná, Daniel Alonso, le prohibió al Congreso enviar sus representantes a la Magistratura.

El reglamento mínimo habilita a Lugones, hasta que se integre el organismo, a definir cuestiones administrativas, “gestión de los recursos humanos y asignación de asuntos a las diferentes comisiones al sólo efecto de su radicación”. Pero a su vez lo pone un tope, que fue uno de los pedidos de la oposición. Si quiere tomar alguna atribución extra deberá contar con 9 votos a favor. Hoy el oficialismo no los tiene y la oposición definió que no se los otorgará.

En paralelo, también aprobaron dos reglamentos para que se puedan llevar adelante las elecciones de abogados y jueces en noviembre próximo cuando se tengan que renovar los consejeros del organismo.