El expresidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006) fue trasladado ayer, domingo, en helicóptero desde la Dirección de Aviación Policial (DIPA) en Callao, hasta un cuartel policial en el centro de Lima, para ser conducido luego a la Corte Superior Nacional, donde atendió a una audiencia de identificación, tras su extradición de Estados Unidos.

El expresidente fue extraditado en un vuelo comercial procedente de Los Ángeles, Estados Unidos, acusado por el caso Odebrecht en el que se le atribuye haber recibido un soborno de 35 millones de dólares de esa constructora brasileña para adjudicarle la construcción de varios tramos de la carretera Interoceánica sur durante su Gobierno.

La Fiscalía informó, a través de Twitter, que se realizó el reconocimiento médico al expresidente Toledo en la DIPA y que iba a ser trasladado en helicóptero al cuartel Los Cibeles, en el distrito de Rímac, para “conducirlo vía terrestre a la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, a fin de realizar el control de identidad”.

El exmandatario, de 77 años, fue trasladado desde el cuartel Los Cibeles en un convoy de camionetas de la Policía Nacional, con una ambulancia y agentes motorizados, rumbo a la sede de la Corte Superior, en el centro histórico de Lima.

En la referida corte se realizará la diligencia de control de identidad judicial ante el Juzgado de Turno a cargo de la magistrada Margarita Salcedo, informó el Poder Judicial.

El abogado de Toledo, Roberto Su, reiteró ayer que el exmandatario tiene “muchas dolencias y un tema de cáncer”, y que no se han respetado sus derechos, tras su arribo a Perú extraditado por Estados Unidos.

El abogado declaró a los periodistas en los exteriores de la DIPA, aledaña al aeropuerto Jorge Chávez, mientras esperaba para ingresar y estar presente en las diligencias judiciales a las que es sometido Toledo en territorio peruano.

El letrado manifestó que el expresidente tiene derecho a tener un abogado “para salvaguardar su integridad” porque es una persona a la que “no se le han respetado los derechos”.

“Un ministro de este régimen (gobierno) ha dicho que es un delincuente, a ese ministro ya lo debían haber separado”, expresó respecto a los comentarios formulados en los últimos días sobre los cargos que pesan contra Toledo por presunto lavado de activos que han motivado un pedido de la Fiscalía de 20 años de cárcel.

El abogado reiteró a los periodistas que Toledo “tiene muchas dolencias y un tema de cáncer”, que no precisó, y que va a esperar los resultados de la evaluación de los médicos legistas para solicitar una detención domiciliaria. “Si los médicos aconsejan, la defensa pedirá la medida”, afirmó Su.

El abogado agregó que “primero está la salud y la vida” y que “no existe ninguna prohibición de que una persona extraditada pueda tener arresto domiciliario”.

Respecto a los procesos en curso contra Toledo, el abogado señaló que aún no ha empezado el juicio por el caso de los sobornos de Odebrecht por el cual ha sido extraditado el exmandatario y que, por lo tanto, “no hay obligación de que esté presente”. Esto en relación a la denuncia por lavado de activos por supuestamente haber solicitado y recibido 35 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht. Sin embargo, el proceso que ya está en la etapa inicial de control de acusación es el caso Ecoteva, por el cual es investigado por direccionar los presuntos sobornos de Odebrecht a las cuentas de varias empresas, creadas por testaferros, para adquirir bienes inmuebles en Perú.

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, renovó ayer, domingo, su gabinete al cambiar a cuatro ministros, entre ellos el de Justicia, en medio del proceso de extradición a su país del exmandatario Toledo, quien será juzgado en Lima.

El hasta ayer ministro de Justicia, José Tello, fue reemplazado de sorpresa por Daniel Maurate, quien ya estuvo al frente de la cartera de Trabajo durante el Gobierno del expresidente Ollanta Humala (2011-2016).

Ni Boluarte ni el primer ministro, Alberto Otárola, han dado explicación de este cambio que se produce mientras las autoridades judiciales y policiales terminan los trámites de recepción e identificación de Toledo, extraditado por Estados Unidos tras un largo periplo judicial.

La presidenta Boluarte también sustituyó al hasta ayer ministro de Educación, Óscar Becerra, cuya gestión ha estado marcada por polémicas declaraciones, la última de ellas al calificar de “adefesio” a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). También recibió numerosas críticas al comparar a mujeres indígenas que se manifestaban contra el gobierno con animales. En su reemplazo fue nombrada Carmen Márquez, quien hasta la fecha se desempeña como Viceministra de Gestión Institucional del Ministerio de Educación.

En el puesto de ministro de Trabajo, Boluarte reemplazó a Luis Adrianzén por el abogado laboralista Antonio Fernando Varela. El último de los cambios fue en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, donde sustituyó a Luis Helguero por Juan Carlos Mathews Salazar, quien, según su perfil profesional, es director general de la Escuela de Postgrado de la Universidad San Ignacio de Loyola y exviceministro de Mype e Industria.