El intendente Guillermo Montenegro radicó este lunes en la justicia federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la denuncia contra funcionarios nacionales y responsables de la Asociación Civil Tercer Tiempo, vinculada a Juan Grabois, por la ocupación del predio de 140 hectáreas en El Marquesado, al tiempo que solicitó a la justicia que disponga la restitución inmediata del inmueble.

En una presentación firmada por él, con el patrocinio del subsecretario Legal y Técnico, Mauro Martinelli, el intendente calificó como “ilegal” el convenio firmado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (Aabe) y la asociación civil.

En ese marco, la demanda alcanza a Eduardo Albanese, presidente de la Aabe, Marcos Santucho, presidente de la ONG, Osmar Eliseo Núñez, actual ocupante del predio y Gabriela Carpineti quien según la denuncia se presentó como abogada de la entidad.

Uno de los tramos de la presentación que radicó el jefe comunal en la justicia dice: "Con asombro advierte que asistimos a un sinfin de conductas tipicas, casi un relato delictual de de la saga 'Elige tu Propia Aventura': incumplimiento de los deberes de funcionario, abuso de autoridad y usurpación. Pase y elija su propio delito. Para beneficiar a 'sus amigos' y atentar contra un distrito de un signo político contrario al suyo no dejaron una conducta sin tipificar. No lo voy a permitir ni como vecino de General Pueyrrredon ni como Intendente Municipal".

En la presentación, el intendente planteó sus dudas sobre la idoneidad de la ONG que recibió el predio de 140 hectáreas y, fundamentalmente, marcó que el acuerdo firmado habla de que "el inmueble estaba desocupado, no posee una custodia activa y se halla en peligro de ser intrusado". En ese sentido, el jefe comunal señaló que esos argumentos son falsos y remarcó que al momento de la llegada de los representantes de la ONG había un cuidador que fue "retirado" por quienes dijeron tener la custodia del inmueble.

De hecho, en la demanda el intendente cita declaraciones periodísticas de Luis Boni, la persona que durante 10 años tuvo a su cargo el cuidado del campo, quien señaló que en todo ese tiempo no había tenido ningún tipo de inconvenientes.

"Me echaron en malos términos, se metieron 70 personas en el campo. Me dijeron que tenía 3 horas para irme. Eran del MTE. Me tuve que ir con una mochila y mi documento, mis mascotas quedaron ahí. Me dijeron que necesitaban la casa porque iba a ocuparla otra persona. La gente se quedó ahí y decía que si tenía que correr sangre, iba a pasar eso”, relata la denuncia sobre la nota que dio en LU6.

El jefe comunal ofrece la declaración testimonial de los funcionarios que el sábado intervinieron en el lugar para luego solicitar que se lo autorice a actuar como querellante y que la justicia disponga la inmediata restitución del campo.